Japón está de moda. El número de turistas que lo eligen como destino turístico ha crecido exponencialmente desde que el 2011 el país fuera sacudido por un terremoto y el tsunami causante del desastre nuclear en Fukushima. Los 6.2 millones de turistas que visitaron Japón el año 2011, se convirtieron en 10.6 en 2013, 19.7 en 2015 y 28.6 millones de turistas registrados en el año 2017. El gobierno japonés se ha marcado como objetivo recibir a 40 millones de turistas el año 2020—coincidiendo con los Juegos Olímpicos de verano en Tokio— con un impacto económico estimado de 8 billones de yenes (64K millones de Euros).

Los visitantes fugaces tratan de impregnarse de una cultura tan diferente que vuelven a sus países con decenas de incógnitas por resolver. El lenguaje corporal de los japoneses es casi tan diferente al nuestro como el idioma. Las miradas tímidas, las reverencias exageradas, la disciplina en las ciudades masificadas y la pasión por el karaoke desconciertan minuto a minuto pero también el ritual de la comida, el cuidado del paisaje, las tradiciones imperiales o la obsesión por el trabajo, dejan al visitante con ganas de profundizar más y, al mismo tiempo, la sensación de no haber entendido nada. La convivencia del Sintoísmo con sus ocho millones de dioses y el budismo con un Dios único y la consecuente superstición religiosa de los japoneses, complica mucho la vida a los visitantes occidentales.El ensayo trata de reflejar algunos aspectos del Japón que no perciben los turistas. Es uno de los 36 países miembros de la OCDE que todavía mantiene la pena de muerte, no tiene ninguna ley para luchar contra el racismo u otras discriminaciones étnicas o religiosas, recibe un número muy pequeño de refugiados cada año y no tiene ninguna institución nacional de protección de los derechos humanos. Además es un país extremadamente machista y vive inmerso en un nacionalismo proteccionista excluyente.

Pena de muerte

Una sociedad tan avanzada como Japón, capaz de rehacer el país después de la destrucción atómica y convertirse en la tercera potencia económica mundial en poco menos de 40 años, conserva todavía vestigios de otros tiempos como la pena de muerte. El castigo se aplica a delitos de sangre y solo en el caso de asesinatos múltiples. Este es el caso de los componentes del grupo Aum Shirinkyo condenados por el ataque con gas en el metro de Tokio el año 1995. En cinco ataques coordinados, los autores liberaron gas Sarín en varias líneas del metro provocando 13 muertos y centenares de heridos —esta es una de las razones por las cuales no hay ni una papelera en las calles ni en el metro de las grandes ciudades—. Entre los días 6 y 26 de julio de 2018, el gobierno de Japón ejecutó a doce miembros de la secta condenados por el atentado. En palabras de Hiroka Shoji, investigador en Amnistía Internacional; “Esta serie de ejecuciones sin precedentes (…) no hará que la sociedad japonesa sea más segura. Las ejecuciones no revelan porque los miembros del grupo se sintieron atraídos por un gurú carismático con ideas peligrosas”. La última vez que Japón había ejecutado a más de diez personas en un año fue en 2008.

El proceso de ejecución tiene sus particularidades. En primer lugar no se avisa a los familiares de los prisioneros del día exacto de la ejecución, se les notifica la muerte a posteriori. En segundo lugar, el método empleado es la horca. Y en tercer lugar, la tarea de pulsar el botón que acciona el mecanismo por el cual el preso cae al vacío y fallece desnucado, recae en tres funcionarios. Hay tres botones idénticos y ninguno de los funcionarios sabe cual es el que de verdad acciona el mecanismo.

El año 1989 el gobierno japonés aplicó una moratoria durante la cual no se ejecutó a nadie. La norma se aplicó a raíz del caso de cuatro prisioneros condenados a la pena capital después de la segunda guerra mundial. Los reos apelaron durante décadas hasta que fueron indultados. En marzo de 1993 se levantó la moratoria coincidiendo con un aumento de delitos de sangre. Desde entonces 126 personas han sido ejecutadas en Japón. El caso del ataque al metro de Tokio y una serie de asesinatos múltiples endurecieron la opinión de la sociedad y de la justicia a favor de la pena capital. La revista Saray hizo una encuesta a 497 personas en agosto de 2018 —pocos días después de las ejecuciones— sobre la pena de muerte.

A favor de la pena de muerte: 59% Argumentos en porcentaje. – Los crímenes atroces deben ser compensados ​​con vida: 41%. – Existe el riesgo de cometer delitos similares : 34%. – Si se suprime la pena de muerte, no se cubrirán los sentimientos de las personas afectadas y sus familias: 33’8 %. En contra de la pena de muerte: 9,05 % Argumentos en porcentaje. – Si hay un error en el juicio, la pena de muerte no puede revertirse: 5,83%. – Incluso si es una nación, no está permitido matar personas: 5,03%. – Incluso siendo culpable, matar va contra la humanidad y es salvaje: 4,62%. – Incluso con la abolición de la pena de muerte, no creemos que los delitos violentos aumenten: 4,62%. – Es mejor mantenerse vivo y reembolsar el pecado: 4.60% – Incluso si comete delitos violentos, existe la posibilidad de renacer: 1,20%. No se atreven a contestar: 27% No saben / no contestan: 4,95 %

Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia que la justicia japonesa basa gran parte de la acusación en confesiones obtenidas bajo coacción. Los sospechosos permanecen aislados durante veintitrés días después de su arresto. Sufren interrogatorios de hasta doce horas diarias sin la presencia de su abogado, sin grabación de las conversaciones y bajo una presión extrema para que confiesen. Una vez recibida la sentencia, los presos pueden pasar años en el corredor de la muerte sin posibilidad de reabrir sus casos. Un total de 106 países habían abolido completamente la pena de muerte a finales de 2017. Un total de 993 personas fueron ejecutadas en 2016 (excluyendo a China), un 4% menos que en 2015. Se estima que unas mil personas fueron ejecutadas en China aunque la cifra se mantiene en secreto.

La fecha elegida por el gobierno para las ejecuciones parece haber sido planificada meticulosamente. En 2019 se producirá el relevo en la casa imperial por primera vez en treinta años y en el año 2020 Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos de verano. El mundo estará observando. En estos momentos hay 123 personas en el corredor de la muerte.

Discriminación por género

Un informe de Human Rights Watch publicado el 20 de marzo de 2018 denunciaba la esterilización forzosa de personas transgénero en Japón como condición para conseguir el reconocimiento de su identidad de género.  La GID Act —Gender Identity Disorder Law—, introducida el año 2004, obliga a los ciudadanos japoneses que deseen regularizar su situación para vivir de acuerdo a su género real, a apelar a un tribunal de familia. El procedimiento es discriminatorio ya que obliga a los aplicantes a ser solteros, a no tener hijos menores de 20 años a su cargo, a someterse a una evaluación psiquiátrica para recibir el diagnóstico de ‘desorden de identidad de género’ y a ser esterilizados. La ley trata la identidad de género como una enfermedad mental. El procedimiento es caro, invasivo e irreversible y muchas personas se resisten a pasar por él. Es el caso de Fumino Sugiyama. Desde muy pequeño tuvo una sensación extraña con su cuerpo. Cuando su madre le obligaba a ponerse la falda, huía llorando. En su adolescencia se sometió a una mastectomía para reducir sus pechos pero todavía conserva sus ovarios, por lo tanto, no cumple los criterios de la GID Act y su documentación refleja todavía que es una mujer. Esta situación anómala le provoca problemas a la hora de viajar, en sus trámites con la administración, en el acceso al sistema de salud y es un impedimento, también, para casarse con su pareja desde hace ocho años. Su mujer ha tenido un hijo mediante inseminación artificial pero legalmente es considerada una madre soltera y Fumino no tiene ningún vínculo legal con el bebé.

El Doctor Jun Koh. del departamento neuropsiquiatría del Osaka Medical College. Es uno de los pocos doctores que ha trabajado con personas transgénero en Japón. “Si el niño o la niña expresa una identidad de género determinada, hay que dejarle desarrollarla. Estas personas no tienen ninguna discapacidad. No necesitan a los médicos”. Su consulta se ha convertido en el punto de partida de muchas personas que quieren cambiar su situación legal para protegerse de la discriminación. “Las personas transgénero deberían ser libres de escoger si se someten a una cirugía completa para vivir de acuerdo a su identidad de género sin que esta decisión sea impuesta como condición para regularizar su documentación.”

La lucha para reformar la GID Act es parte de un debate más profundo. ¿Son las personas trans capaces de tomar sus propias decisiones sobre cómo quieren vivir su vida o la identidad de género debe ser regulada por las autoridades? El gobierno de Japón ha dado algunos pasos positivos hacia el reconocimiento y protección de la comunidad LGBT —desde el 2009 los japoneses se pueden casar con personas del mismo sexo de países donde el matrimonio homosexual sea legal— pero está lejos todavía de cumplir con los estándares de los países más avanzados. El informe especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la tortura del 2013, destacó que la obligación de someterse a operaciones de esterilización a personas transgénero para regularizar su situación, incurre en violación de los Derechos Humanos.

Nacionalismo excluyente

Japón es un país que ha sabido globalizar su industria. Grandes corporaciones como Toyota, Sony, Honda, etc. han conquistado el mundo y explican porque es una de las tres economías más desarrolladas. Pero el país se enfrenta a un grave problema demográfico debido al tradicional aislacionismo japonés, la falta de una política de inmigración, el envejecimiento de la población y la desigualdad de la mujer en el mercado laboral. La edad media del país es de 46 años (en Egipto, por ejemplo, es de 24), 34 millones de personas tienen más de 65 años (sobre una población de 126 millones) y más de la mitad son mujeres sin embargo solo representan el 29,4% de la fuerza laboral.

El gobierno de Shinzō Abe ha tomado medidas destinadas a atraer a trabajadores extranjeros para suplir la falta de mano de obra crónica, la mayoría del sur de Asia. Se trata de la enésima reformulación del Foreign Technical Intern Training Program creado en los años 90. Los trabajadores extranjeros que superan el periodo de formación de cinco años, renuevan su permiso de residencia cinco años más pero no sin incluir a sus familias. El programa ha sido acusado de ser un caldo de cultivo de violaciones de los derechos humanos por el pago de salarios míseros, horas extras sin retribuir o condiciones de trabajo peligrosas y antihigiénicas. Abe ha declarado oficialmente que el programa es una medida puntual y que su administración nunca adoptará una política de inmigración.

Para entender la mentalidad cerrada de los japoneses nos remontaremos al año 1543. Los primeros europeos que llegaron a Japón eran comerciantes portugueses que pretendían hacer negocios y llevar la fe católica con la ayuda de la Compañía de Jesús. La rebelión de Shimabara de 1637 —levantamiento armado de campesinos japoneses católicos—fue reprimida con la ayuda de holandeses protestantes. El fin de la revuelta estableció las bases que promovieron el aislacionismo japonés frente a influencias extranjeras. Los Portugueses y los españoles, como representantes de los países católicos, fueron expulsados y empezó una relación comercial exclusiva entre Holanda y Japón. Los tratos se cerraban a través de la Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC – Compañía Holandesa de las Indias Orientales –  en Dejima, una isla artificial construida en la bahía de Nagasaki. Un país pequeño al otro lado del mundo sin ambiciones colonizadoras ni adoctrinantes, se convirtió en el socio comercial por excelencia. Los holandeses eran los únicos que tenían derecho a hacer negocios con los japoneses aunque no les era permitido pisar la tierra sagrada del Japón. Los barcos tardaban casi un año en cubrir la ruta y cada barco que llegaba a Dejima era inspeccionado por funcionarios locales que requisaban las velas hasta que volvían a zarpar.

Un ejemplo más reciente lo encontramos en el escaso dominio del inglés entre los japoneses. El 72% de los japoneses entre los 20 y los 49 años se declaran incapaces de hablar inglés. Solo aquellos que trabajan en puestos directivos de grandes corporaciones pueden mantener conversaciones complejas. El aprendizaje del idioma japonés es tan complejo que el sistema educativo lo prioriza ante cualquier otro idioma.

Otra consecuencia del tradicional nacionalismo excluyente para protegerse de los “bárbaros” de occidente.